001.png 539665225El presidente Donald Trump desvelará mañana su ansiado plan de infraestructuras para generar inversiones de 1,5 billones de dólares y recortar significativamente las regulaciones actualmente vigentes, lo que podría tener un impacto negativo en el medioambiente.

El plan establece que una sola agencia del Gobierno tendrá el "liderazgo" en la evaluación de un proyecto de infraestructuras y será la encargada de dar el veredicto definitivo sobre su viabilidad, según indicaron a la prensa altos funcionarios de la Casa Blanca, que pidieron el anonimato.

De esa forma, si Trump consigue convencer al Congreso, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) no podrá evaluar el impacto medioambiental de un proyecto de forma independiente.

Esa capacidad de evaluación independiente permitió a la EPA advertir al Gobierno del entonces presidente Barack Obama de los daños medioambientales que conllevaba la construcción del oleoducto Keystone XL para transportar unos 830.000 barriles diarios de crudo desde Alberta (Canadá) a distintos lugares de Estados Unidos.

Tras un largo proceso de deliberaciones, Obama decidió frenar la construcción del oleoducto, pero Trump revirtió la situación y lo aprobó en marzo de 2017.

Sobre todo, Trump busca acortar significativamente las deliberaciones, de forma que el Gobierno pueda otorgar a las empresas los permisos oficiales de construcción en dos años con un proceso de evaluación de 21 meses y un plazo de solo tres meses para procesar los permisos.

El plan de infraestructuras, además de acabar con regulaciones, busca impulsar una inversión de 1,5 billones de dólares, fondos que provendrán en gran medida de entidades locales y el sector privado.

De esos 1,5 billones, 200.000 millones de dólares serán fondos federales que el gobernante pedirá al Congreso durante los próximos diez años, según funcionarios de la Casa Blanca.

En primer lugar, Trump quiere gastar 100.000 de esos 200.000 millones en inversiones a nivel local, de forma que el Gobierno pueda dar un empujón final de financiación a aquellos estados o localidades a los que les quede muy poco para completar un proyecto de infraestructuras.

Además, el Gobierno quiere dedicar 20.000 millones de dólares a expandir su actual programa de préstamos y bonos a empresa privadas con el que actualmente se financian actividades para la renovación de infraestructuras de transporte y de agua, entre otros.

El Ejecutivo también quiere invertir 50.000 millones de dólares en infraestructuras en zonas rurales y otros 20.000 millones en "programas transformadores", que plasmen una "visión de futuro" y sirvan para "construir las infraestructuras del próximo siglo", según detallaron altos funcionarios.

Por último, Trump pedirá al Congreso 10.000 millones de dólares para mantener las instalaciones del Gobierno.

Como resultado, a través de modificaciones en otras partidas del presupuesto federal, el Gobierno financiará con 200.000 millones de dólares casi el 14 % de la reconstrucción de las infraestructuras, mientras que los otros 1,3 billones (el 86% restante) tendrán que ser asumido por las entidades estatales, locales y el sector privado.

La Casa Blanca defendió esa proporción de gasto y consideró que el Gobierno federal debe ser un "jugador menor" en el plan, en favor de la independencia de las entidades locales.

Tanto demócratas y republicanos están de acuerdo en la necesidad de invertir en la red de infraestructura, pero los desacuerdos se sitúan precisamente en esa proporción de la financiación.

 

Además, para promocionar su plan, Trump viajará a diferentes a diferentes zonas del país que necesitan inversión o que son un ejemplo de mejora. 

 

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